La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los propietarios de viviendas afectadas por sentencias firme de derribo en la costa cántabra, han tachado de "extraños" y "poco serios" los "vaivenes" de las administraciones al formular soluciones a este problema.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, se ha pronunciado así tras conocerse que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos buscan alternativas a la legalización de las viviendas con sentencia en Cerrias, cuya propuesta inicial fue rechazada por la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).
La fórmula diseñada por el Ayuntamiento, aprobada por el Pleno el pasado mes de mayo, planeaba en un cambio de calificación de los suelos y se basaba en la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes del Parlamento para legalizar viviendas con sentencia de demolición.
Tras las alegaciones de Costas, que negaba que hubiera motivos que justificaran el cambio de usos, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento asumieron que deberían buscar nuevas soluciones, asunto en el que ambas administraciones trabajan en estos momentos de forma conjunta.
Es una situación que a Vilela le parece "inaceptable", por lo que pide a las Administraciones que no se "precipiten" en la búsqueda de soluciones "consensuadas" para un problema "tan grave".
"No puede ser que de repente lo que valía no vale", censura Vilela, quien ha señalado que "hay tiempo para hacer las cosas" y, ha enfatizado, "hacerlos bien" ya que en este caso parece que las cosas se han hecho "demasiado rápido".
El presidente de la asociación ha descartado que la objeción de Costas a la propuesta de Piélagos basada en la Ley de Medidas Urgentes reste valor a la aplicación de este texto legal, ya que, ha afirmado, los tribunales están comenzando a aceptar los incidentes de ejecución planteados por los municipios siguiendo la citada ley.
Además, Vilela ha apuntado que tras las elecciones generales, podría modificarse la Ley de Costas en función de quien gobierne, lo que contribuiría a evitar esta situación.