Dios me libre de sugerirle al alcalde de Santander, o a cualquier otro representante público, lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Esas cosas se dicen en la urnas cuando toca. Si estás de acuerdo con lo que ha hecho o te parece bien lo que promete que va a hacer lo votas y ni no pues buscas otro candidato más acorde con tus deseos o pretensiones. Dicho lo cual, si el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, quiere gastarse los euros que no tiene en una televisión municipal, que se los gaste. Pero que no se queje luego ni pase el platillo. Las televisiones públicas son, sin duda, un excelente instrumento de propaganda política, pero también sumidero por el que se van recursos económicos que bien pudieran haber sido destinados a otros menesteres de más urgencia social, aunque seguro que menos rentables propagandísticamente. No entraré en los ‘servicios’ que algunas de esas televisiones prestan más allá de sus competencias, que es asunto en manos de los tribunales de Justicia, caso Canal 9, en la Valencia de Francisco Camps, donde la cobertura de la visita del Papa fue aprovechada para llenar lar arcas de la trama corrupta montada en torno al PP. Por no hablar de los comentarios pedófilos de colaboradores de TeleMadrid, la televisión de Esperanza Aguirre. El coste de una televisión pública, aunque estamos en presencia de una propuesta modesta, aparentemente para andar por casa, se sabe como empieza, pero no como termina. De momento, y como base tecnológica para hacer viable el proyecto de televisión municipal para móviles, ordenadores y servicio de autobuses, ya nos hemos gastado medio millón de euros, procedentes de los fondos del Plan E. Alguien debería explicar que tiene que ver crear empleo con poner televisiones en los autobuses y acceso wifi en locales municipales propiedad del Ayuntamiento. Que me corrijan si me equivoco, pero son suministros que dudo mucho hayan generado ni un solo empleo en Cantabria, más allá del dinero que se haya metido en el bolsillo algún intermediario listillo. De la puesta en marcha de la televisión municipal pocos sabemos. No parece que vaya a distribuirse por ondas y en abierto, para lo que el municipio dispone del correspondiente canal de TDT, sino a través de Internet. Los proveedores de tecnología y experiencia en este campo son habas contadas y casi si me apuran, una haba y media. No podía imaginar que el Ayuntamiento de Santander, tan exigente en la transparencia de los demás, hubiera adjudicado el servicio con un oscurantismo más que sospechoso. Y menos aún que una vez adjudicado no lo hiciera público como es habitual con aparato de fanfarrias y chirimías. La explicación es evidente: han pretendido ocultar que el suministro de contenidos informativos se le ha adjudicado a una televisión cuyo accionista principal es un dirigente del PP. La información municipal de interés para los ciudadanos que dicen van a ofrecer queda, por tanto, en casa. Resta por saber cuánto nos va a costar a los vecinos de Santander que las obras y milagros del alcalde se puedan ver en el móvil, en el ordenador o cómodamente sentado en el autobús. Porque lo que figura en el papel no se lo cree nadie. No estaría de más preguntar a quienes serán los destinatarios de esa información, es decir a los santanderinos, si no prefieren que su dinero se gasta en otras cosas. (23 de noviembre de 2010. Publicado en Aqui Diario Cantabria)
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