No pasaba desde que Juán Hormaechea era presidente de Cantabria, el gobierno del PP de Cantabria no presentará los presupuestos de 2012 antes del 31 de octubre, como mandata la Ley de Finanzas, lo que según parece responde a una estrategia política dirigida por el PP a nivel nacional para ocultar los recortes a los votantes.
Cantabria empezará el año 2012 sin presupuesto, lo que constituye un ejercicio de irresponsabilidad de un Gobierno que, pese a tener mayoría absoluta en el Parlamento, prefiere anteponer sus intereses partidistas a los de Cantabria.
La no presentación del presupuesto de 2012 en tiempo y forma supone el incumplimiento de la Ley de Finanzas y eso constituye un fraude de ley y una ilegalidad. Ese incumplimiento puede tener consecuencias legales aunque, al menos de momento, ningún partido de la oposición se ha planteado esa vía y se limitan solamente a exigir políticamente al Gobierno del PP el cumplimiento de la ley.
La decisión del Gobierno de Ignacio Diego responde, según mi opinión, únicamente a motivos electoralistas, porque el PP no está dispuesto a desvelar antes de las generales del 20 de noviembre la política de recortes que va a llevar a cabo en servicios públicos esenciales, ni sus propuestas más extremas y contrarias al interés general.
La decisión del Gobierno carece de otra justificación y segúramente tendrá graves consecuencias para la Comunidad Autónoma porque creará más paro, frenará la actividad económica y va a paralizar todavía más las inversiones.
¿Qué confianza puede trasmitir un Gobierno que se salta a la torera las leyes, cuando es el primero que está obligado a cumplirlas?
Saludos Ñeros