Arca reitera que las cifras que se están barajando en el PP sobre las empresas afectadas por los deslindes del dominio público son "absolutamente falsas", porque los datos "reales" reflejan que solo "unas decenas" están afectadas y, en todos los casos, es posible su regularización sin necesidad de "dinamitar" el articulado de una ley "fundamental" para gestionar ordenadamente el litoral español
La asociación ecologista ARCA niega que la modificación de la Ley de Costas que promueve el PP genere mayor seguridad jurídica, tal y como repite su presidente regional, Ignacio Diego, y asegura, por el contrario, que este tipo de propuestas para legislar a la carta son una permanente invitación a incumplir las leyes que, unidas al incumplimiento de las sentencias judiciales, está acarreando consecuencias catastróficas para Cantabria.
La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido y representa la seguridad de que se conoce lo prohibido, mandado y permitido por los poderes públicos, por lo que modificar ahora una Ley publicada en 1988, con el propósito de convertir en indefinidas unas concesiones para ocupar el dominio público que vencen en 2018, solo puede ser calificado como un atentado al principio de seguridad jurídica.
Además ARCA reitera que las cifras que se están barajando sobre las empresas afectadas por los deslindes del dominio público son absolutamente falsos, porque los datos reales reflejan que solo unas decenas de empresas están afectadas y en todos los casos es posible su regularización sin necesidad de dinamitar el articulado de una Ley fundamental para gestionar ordenadamente el litoral español.
Por último ARCA lamenta el sectarismo de que ha hecho gala el señor Diego , trantando de vetar a la asociacion como interlocutora del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en los trabajos dirigidos a garantizar que la aplicación de la Ley de Costas en Cantabria sea compatible con la actividad económica y los puestos de trabajo.
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