La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, ha asegurado este martes que el polígono de Raos no está afectado por la Ley de Costas dado que está ubicado en dominio portuario, y ha considerado "sorprendente" el "error de bulto" cometido en este sentido por el portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, que precisamente ha escogido este espacio industrial de Cantabria para criticar nuevamente los efectos de la Ley de Costas.Teresa Ribera ha reprochado a García-Escudero y al PP su "vocación de disparar sistemáticamente" contra una norma que lleva 20 años aplicándose -también durante los Gobiernos del PP- y que, en su opinión, sigue "plenamente vigente" en la medida que defiende el "interés general" y preserva el acceso de todos a la costa.
La "animadversión" del PP contra la Ley de Costas, su vocación de modificarla y sus "preocupantes" propuestas en materia de cambio climático, "preocupan" a la secretaria de Estado, que se pregunta "cual va a ser la política ambiental que defienda el PP y si vamos a volver a un modelo de desarrollismo en lugar de a un modelo de coexistencia y protección del capital natural".
Sobre el polígono de Raos, ha insistido en que forma parte del dominio público portuario, por lo que, en su caso, estaría afectado por la Ley de Puertos.
Por ello, y amparándose en que en virtud de la Ley de Puertos, el presidente de la Autoridad Portuaria es nombrado por el Gobierno regional, la secretaria de Estado ha emplazado al PP a que "si tiene algún problema en la aplicación de la Ley de Puertos a lo mejor puede mirar en su propia casa si hay alguna interpretación que quepa para resolver cuestiones de fondo" derivadas de su aplicación.
Teresa Ribera ha asegurado que las empresas del polígono de Raos que se sienten amenazadas por la Ley de Costas "miran incorrectamente" hacia esta norma, y culpa de ello al PP porque "está alimentando una interpretación incorrecta de manera deliberada".
Por otro lado, la secretaria de Estado de Cambio Climático ha puntualizado que el portavoz del PP en el Senado "se olvida" de que el Ministerio está analizando uno a uno los casos de instalaciones industriales ubicadas en dominio público marítimo-terrestre con concesiones previas a la entrada en vigor de la Ley de Costas que caducan en el año 2018 "y que pueden encontrar una solución en la propia ley". En este sentido, afirmó que los procedimientos "van bastante avanzados".
En su opinión, García-Escudero se "queja" de la Ley de Costas por motivos "infundados" y comete un "error de fondo importantísimo", porque "no se trata de buenismo" sino de aplicación de una ley que "ofrece seguridad jurídica a todos los afectados y en la que se encuentran las soluciones que garantizan los derechos de todos los ciudadanos".