El PRC aparca proyectos del Gobierno que puedan suponer una amenaza electoral
Los regionalistas muestran sus cartas con la llegada del periodo electoral, y buscan la "Paz social" para no encender a su posibles votantes y no buscar motivos que el PP le echaría en cara. La oposición a la Ley de Montes de afectados y de algunos alcaldes "regionalistas" podría manifestarse, no solo físicamente en los mítines del las elecciones, si no a la hora de presentar sus listas electorales.
Miguel Angel Revilla, José María Mazón, Jesús Oria y, especialmente, Vicente Mediavilla se han puesto a trabajar para que el PSIR del Bojar, Ley de Montes y los afectados por sentencias de derribo, entre otras cosas, no afecten a las urnas.
Esta parece ser la manera de entender la política el PRC, y esta es su forma de gobernar, "no molestar a nadie", y que su presidente diga "campechanadas" para caer bien. ¿El fondo? Sacar votos.
El ejemplo lo tenemos con la modificación de la Ley del Suelo. el pasado 15 de diciembre, el presidente, acompañado por Mazón y Mediavilla, recibió a los líderes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Revilla les anunció una iniciativa para modificar la Ley del Suelo con el fin de agilizar los procedimientos de reclamación patrimonial y, en su caso, permitir que los propietarios puedan percibir la indemnización antes de que se consumen las demoliciones. Prometió aprobar la propuesta en enero y, efectivamente, el Consejo de Gobierno del día 13 lo convirtió en proyecto de ley para su remisión al Parlamento. A nadie debía sorprender un nuevo intento por resolver la situación de los afectados, a la vista de que el consejero Mazón había dedicado todo el año a encontrar soluciones.
Afectadas por la ejecución de sentencias de derribo hay 575 familias, pero muchas no residen en Cantabria. Viven en Sestao, en Santurce, en Bilbao... y tienen en Argoños o Arnuero una segunda residencia. En este caso, no habrá sido el coste electoral lo que más habrá preocupado al PRC, sino la oportunidad de desactivar un conflicto que la opinión pública considera dramático y cuyo coste podría alcanzar los 243 millones.
Saludos Ñeros.
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