Son datos que se están descubriendo según avanzan los trabajos de los interventores judiciales nombrados tras la quiebra de la sociedad.
Documentación intervenida pone al descubierto que los socios privados de la empresa, con estrechas relaciones con dirigentes del Partido Popular, maniobraron para lucrarse personalmente.
Los accionistas de referencia que el PP trajo en 2002 a Cantabria para montar una fábrica de fibroyeso, que actualmente se encuentra en proceso concursal, aprovecharon su condición de accionistas mayoritarios en la empresa para lucrarse personalmente, asignándose sueldos millonarios y otras prebendas. Uno de los consejeros, el controvertido empresario Leandro Sáinz de la Riva, que alardeaba de mantener negocios compartidos y estrechas relaciones personales con dirigentes populares en Cantabria, se hizo pagar un sueldo anual de 132.000 euros en una cuenta en Suiza.
El accionista privado de GFB, la sociedad Euroamérica SA, empresa propiedad de la costarricense Grupo JPM, nombró, con su 70% de acciones, consejero delegado y director general de la mercantil a Mario Esquivel. Y éste sentó junto a él, como mano derecha, a un empresario, Leandro Sáinz de la Riva, que alardeaba de mantener excelentes relaciones con dirigentes del PP en Cantabria. De hecho la primera ubicación para la GFB fue Reinosa y la negociación la llevó a cabo Sáinz de la Riva y el Gobierno de Cantabria presidido por el popular, José Joaquín Martínez Sieso. En la negociación actuó como mediador el diputado del PP, Francisco Rodríguez Argüeso, reinosano y amigo personal de Sáinz de la Riva. Pues bien, Esquivel y Sáinz de la Riva aprovecharon su posición de poder en GFB para otorgarse, al parecer, favores especiales en sueldos y especies, a espaldas del socio minoritario, Sodercan.
En 2002 el Gobierno Cantabria, bajo la presidencia de Martínez Sieso, encargó al consejero de Industria, Pedro Nalda, las gestiones para la ubicación en Cantabria de una fábrica de fibroyeso, proyecto que llegaba de la mano de Sáinz de la Riva y con socios costarricenes. La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan), organismo público dependiente de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico, entraría como socio minoritario. En 2003, con el cambio de Gobierno, el nuevo Ejecutivo, presidido por Miguel Ángel Revilla, se hizo cargo del proyecto, estancando tras descartarse la ubicación en Reinosa, en unos terrenos contaminados.
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