El Gobierno Diego utiliza 28 millones de euros de dinero público para ‘comprar’ votos cara a las elecciones de 2015. La orden de subvenciones para que los ayuntamientos de Cantabria contraten a parados de sus municipios por seis meses, a contar a partir de febrero -las elecciones municipales y autonómicas son el 24 de mayo-, dejan al albedrío de los alcaldes la selección de los beneficiarios.
La orden de subvenciones a los Ayuntamientos para al contratación de parados ha hecho desaparecer la salvaguarda habitual en este tipo de ayudas, que pasa porque la selección de los beneficiarios se encomiende al Servicio Cántabro de Empleo. Pero no es el caso. El Gobierno que preside Diego ha eliminado las preferencia para quienes hayan agotado toda prestación o estén cobrando sólo la Ayuda Familiar. El único requisito que se exige es estar inscrito en el paro 24 horas antes de ser contratado.
ESPECULAR CON LA NECESIDAD
La mayor parte de las contrataciones se harán a partir de febrero de 2015 y se prolongarán hasta agosto, incluyendo, por tanto, todo el período de de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraran el domingo 24 de mayo. El PP pretende que sus alcaldes, mayoritarios en la región, tengan en la mano el poder de contratar a militantes, simpatizantes, y votantes conocidos. Esto es jugar y especular con la necesidad del ciudadano, dando poder de cacique al Alcalde para que en período electoral obtenga votos a cambio de empleos.
Cantabria así vuelve oficialmente al sistema caciquil del siglo XIX, especulando electoralmente con la necesidad.
MARGINADO EL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
El sistema ideado por el Gobierno Regional, al que va a destinar 28 millones de euros de dinero público, se caracteriza porque la selección de los desempleados la hace cada Alcalde, no el Servicio Cántabro de Empleo, además no está destinada a las personas que hayan agotado el desempleo, incumpliendo así el programa europeo por el que Cantabria recibe fondos para estas contrataciones, y además obliga a que la contratación empiece en febrero y no acabe al menos hasta agosto, cubriendo así el período electoral para garantizar votos a los Alcaldes,como los caciques del siglo XIX.
Antes los desempleados a contratar por los Ayuntamientos, con cargo a la subvenciones del Gobierno de Cantabria, eran seleccionados por el Servicio Cántabro de Empleo, lo cual dentro de un sistema inhumano que relegaba a quienes no cobran prestación, frente a los que sí la cobran, al menos era objetivo.
A partir de la nueva Orden, que es de aplicación a las contrataciones del año 2015, serán los propios Ayuntamientos quienes decidan a quién se contrata. Con esta decisión, el Gobierno pretende dar un gran poder de influencia, caciquil, y generador de clientelismo político a los alcaldes.
El poder de elección de los Alcaldes respecto a quién se contrata y a quién no, es absoluto, no se les impone ningún criterio de selección, sólo que se trate de personas desempleadas. Además, se hace coincidir el período de contratación con las elecciones municipales del año que viene. Es obvio lo que el PP pretende, que sus Alcaldes tengan en la mano el poder de contratar a militantes, simpatizantes, y votantes conocidos del Alcalde, que mayoritariamente es del PP en Cantabria, pero los alcaldes del PRC y PSOE también lo utilizarán.
A CAPRICHO DE LOS ALCALDES
Los Alcaldes podrán decidir caprichosamente a quién de su Ayuntamiento se contrata a quién no, el único requisito a cumplir es que la persona está inscrita como desempleada el día antes de ser contratado. Con este sistema Cantabria se coloca oficialmente en el sistema de caciques del Siglo XIX.
Parte de los fondos destinados a estas contrataciones proviene del Fondo Social Europeo al que Cantabria solicitó dinero para atender a desempleados en riesgo de exclusión social. Por ello deberían tener preferencia los que han agotado toda prestación, después los que estén cobrando la ayuda familiar, y luego los que estén cobrando desempleo. Asimismo, se les debería imponer el criterio de adecuación de perfil profesional al puesto de trabajo, algo que al menos sí cumpliría el Servicio Cántabro de Empleo.
Seguramente la aplastante mayoría de alcaldes harán como siempre, enchufarán a los afines y desecharán a los que no sean simpáticos para su formación política. Esto es jugar y especular con la necesidad del ciudadan, esto es dar un poder de cacique al alcalde para que en período electoral obtenga votos a cambio de contratar al simpatizante.
Hay que regular estas contrataciones para garantizar dos principios: que en primer lugar ha de contratarse al más necesitado, y, segundo, que se impida la discriminación al gusto de las afinidades políticas y personales de cada alcalde. Hay que garantizar la igualdad, la prevalencia del más necesitado, e impedir la contratación por afinidad, el clientelismo político.
Saludos ñeros
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