En el año 2018 caducarán todos los derechos de propiedad y concesionales de los terrenos ubicados en el litoral afectados por la Ley de Costas de 1988. Una norma que se aplica con carácter retroactivo y que fijó esa fecha tope para cualquier concesión, independientemente de si estas eran a perpetuidad, a cien años o a sesenta.
La situación en Cantabria, con unos 606 kilómetros de costa afectados por el deslinde público marítimo terrestre, es aprovechada por el PP que dice que los afectados pueden contarse por miles y que son agredidos por una norma que, según el PP, se hizo para luchar contra los desmanes urbanísticos del Mediterráneo y no tiene en cuenta la idiosincracia de la costa cantábrica donde sus principales ocupantes son explotaciones ganaderas y algunos polígonos industriales o empresas familiares.
Y puede que esto último no se incierto, pero sus formas no hacen nada más que sembrar la alarma entre los afectados, con intención de recojer votos en río revuelto.
Recojer votos y defender propiedades relacionadas con miembros del PP, como José Antonio Cagigas. ¿Tiene algo que ver el segundo afectado de Escalante (pinche en la foto) con José Antonio Cagigas? ¿Hace de esto que le PP tenga intereses personales?
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Saludos Ñeros
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