El auto del juez José Castro, que acusa al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, de “apoderarse” presuntamente de “fondos públicos" en su etapa como presidente del Instituto Nóos, ha terminado de levantar el ‘manto sacro’ que ha cubierto a la monarquía española durante décadas y cuyo deterioro quedó evidenciado en el último CIS, de octubre, que reflejó su primer suspenso en valoración ciudadana desde que en 1994 se iniciaron consultas periódicas sobre el grado de confianza en las instituciones.
Según el juez Castro, Urdangarín y su socio, Diego Torres, que ha sido imputado en el caso, ingeniaron “un entramado societario” a través del cual “desviaban los fondos públicos y privados” que recibía el Instituto Nóos, cuya finalidad es la asesoría y gestión de mecenazgos deportivos, “apoderándose” de los mismos.
Hasta el momento, tras conocer los autos del juez Castro, la Casa del Rey se ha limitado a expresar su “respeto absoluto” a las actuaciones y decisiones judiciales porque, según ha especificado, “no tiene nada especial que decir en este momento”, ya que se trata “de una indagación judicial que sigue sus pasos”.
La investigación apunta al cobro de 2,3 millones de euros por parte del Instituto Nóos entre finales de 2004 y principios de 2005 por la organización en Mallorca del Illes Balears Fòrum, así como dos jornadas sobre turismo y deportes. Los dos eventos los organizó el Gobierno popular del entonces presidente Jaume Matas, envuelto en un largo y complejo proceso judicial por presuntas irregularidades durante su mandato.
¿Habrá alguna mano negra que tape el caso?
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